Comunicado a la opinión pública

Hemos seguido muy de cerca las violentas marchas que sacuden a Colombia y que forman parte del desarrollo de la agenda del Foro de Sao Paulo para Latinoamérica.

Somos conscientes, y así lo hemos denunciado, que este gobierno obedece, subrepticiamente en unas ocasiones y abiertamente en otras, a la agenda impuesta desde La Habana para someter definitivamente a nuestro país bajo los pies del comunismo, sea que éste use ese nombre o cualquiera del abanico que diseñaron para engañar y confundir.

Por lo tanto, expresamos que:

1. El Foro de Sao Paulo, en contubernio con este gobierno, está decidido a imponer una Asamblea Nacional Constituyente. Nos oponemos a ello en estas circunstancias en las cuales los narcoterroristas conservan las armas, tienen poder político y, además el brazo financiero que les provee el negocio del narcotráfico y el secuestro.
2. Conocemos el accionar del Foro de Sao Paulo alentado crisis y organizando conflictos para causar la desesperación y el caos con el propósito de convocar “Diálogos incluyentes” que desemboquen en una Constituyente a su medida.
3. Hacemos responsable al gobierno de Iván Duque por las vidas e integridad física de los ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública, por los daños en la propiedad privada y pública que se cometan durante estas marchas que el gobierno ha autorizado.
4. Conminamos, en aras del orden, la defensa de la vida y la propiedad, que se capture a los vándalos y se les judicialice.
5. Solicitamos que de inmediato se suspenda el derecho a las marchas y protestas públicas, toda vez que el Articulo 37 de la Constitución permite que éstas se realicen de manera pacífica, permitiendo al gobierno suspenderlas si se presentan actos violentos, como ha sido el caso.
6. Solicitamos al gobierno nacional que se permita a la Policía Nacional y al Ejército -si es el caso- que actúen en defensa del orden, la vida y propiedades de los colombianos. Es deber Constitucional de estas instituciones hacerlo, y es deber del gobierno permitirlo y proteger a policías y soldados de las represalias jurídicas que surjan consecuentemente de su accionar. El Foro de Sao Paulo ha utilizado la guerra jurídica para neutralizar el ejercicio pleno de los deberes constitucionales de los organismos de defensa y seguridad del Estado.
7. Exigimos el restablecimiento inmediato del Fuero Militar, como herramienta para combatir la intervención extranjera criminal en nuestro país.
8.  Solicitamos al gobierno nacional que se permita a los ciudadanos ejercer su legítimo derecho a la defensa en las condiciones que están establecidas en la ley. Sabemos de ciudadanos inermes cuyas casas han sido invadidas y atacadas, sus familiares golpeados, robados y heridos. Los ciudadanos tienen el legítimo derecho a la defensa de su vida, su propiedad y su familia.
9. Solicitamos la renuncia inmediata del ministro de Defensa por su complicidad o inacción frente al vandalismo, el saqueo y las violentas agresiones que los delincuentes propinan a los desprotegidos ciudadanos.
10. Reafirmamos nuestro total respaldo a las acciones legítimas de las Fuerzas Militares y de Policía encaminadas a proteger la vida y bienes de los colombianos.

Nueva República

Comité Ejecutivo Nacional

Noviembre 25 de 2019